MADRID, 6 de febrero – El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la posibilidad de aplicar en España un tributo similar a la ‘tasa Zucman’, propuesta destinada a gravar a los ultrarricos, que podría generar hasta 5.200 millones de euros al año.
En un comunicado de la cartera de Consumo, Bustinduy concluyó su reciente visita a París, donde se reunió con Gabriel Zucman, el economista responsable de la propuesta, para explorar cómo implementar una medida similar en España. La tasa sugiere un gravamen del 2% anual sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros, lo que, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, permitiría recaudar dicha cifra.
El ministro afirmó: «Hemos podido reunirnos con Gabriel Zucman y su equipo para debatir sobre las posibilidades de una propuesta de impuesto a los ultrarricos en España y la necesidad de vincularla como condición para el fortalecimiento del Estado social». Bustinduy subrayó que esta recaudación podría financiar, por ejemplo, una prestación universal por crianza, que ayudaría a combatir la pobreza infantil en el país.
Además, indicó que Zucman y su equipo consideran a España un aliado en este debate, y enfatizó que un impuesto como este no solo contribuiría a erradicar la pobreza infantil, sino que también ayudaría a establecer un sistema tributario más justo. «La tasa de pobreza infantil que tenemos es completamente inaceptable y debemos ponerle remedio cuanto antes», agregó Bustinduy, detallando que iniciativas como la Prestación Universal por Crianza deben ir acompañadas de una tributación justa, que supere las limitaciones del actual modelo fiscal que permite a los ricos pagar menos que un ciudadano medio.
En París, el ministro también se reunió con Mary Beth Goodman, secretaria general adjunta de la OCDE, para trabajar en diversas líneas de cooperación y apoyo al Gobierno español. Una de las prioridades discutidas fue la lucha contra la pobreza infantil y la implementación de una prestación universal por crianza.
Bustinduy manifestó: «Estamos trabajando en el ámbito técnico para el despliegue y desarrollo de esta posible medida, que tendría un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza infantil en España, que sigue teniendo niveles altísimos». Además, propuso a la OCDE colaborar en la regulación del desarrollo de algoritmos para el establecimiento de precios dinámicos, así como en la protección de consumidores vulnerables en el entorno digital.
Finalmente, el ministro concluyó que el objetivo es que España se convierta en «referente en la defensa de la gobernanza democrática de los espacios digitales». Esta iniciativa busca garantizar que se recupere la capacidad de control en las democracias sobre los algoritmos que influyen en la vida pública y económica de los ciudadanos.
