Alquiler Seguro ha confirmado este jueves su intención de solicitar medidas cautelares y recurrir ante la justicia la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo por prácticas «abusivas» hacia los inquilinos. La compañía ha calificado la sanción de «ideológica» y «atropello jurídico», además de alegar numerosas «irregularidades» en el proceso.
Durante una rueda de prensa, los directivos de Alquiler Seguro hicieron pública su decisión de rechazar la sanción del Ministerio de Consumo, confirmando que interpondrán un recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y solicitarán medidas cautelares, argumentando que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que «todos sus servicios son legales».
La empresa denunció que el proceso se ha basado más en cuestiones «políticas e ideológicas» que en aspectos legales, señalando que la resolución contiene «irregularidades», «incongruencias» y «grandes mentiras». Además, han criticado las acusaciones «falsas» y pruebas descontextualizadas que, aseguran, fueron «obtenidas de forma ilícita».
De hecho, Alquiler Seguro ha recordado que la justicia ya respaldó a la compañía con cuatro sentencias favorables relacionadas con el mismo tema en 2025, con reclamaciones de particulares por montos de hasta 1.500 euros.
Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, calificó de «incongruencias» y «grandes mentiras» la sanción y subrayó la necesidad de «contestar al atropello que se produjo ayer en sede ministerial». Ha exigido una «rectificación pública» al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y ha asegurado que demostrarán judicialmente que están en manos de políticos que utilizan la «mentira».
Por su parte, el responsable del área jurídica, Carlos Sánchez, denunció que se ha ignorado su derecho a recurrir la sanción y ha descartado modificar el funcionamiento de la empresa en respuesta a las demandas recibidas. «No vamos a dejar de hacer algo que es legal», afirmó.
Además, en relación con una posible huelga de pago de rentas por parte de inquilinos, planteada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, la empresa recordó que dicho acto sería ilegal y lanzó un mensaje de tranquilidad, reiterando su «solvencia» y declarando estar «preparados indefinidamente» ante cualquier eventualidad.
En un comunicado, Alquiler Seguro ha afirmado que su Servicio de Atención al Inquilino (SAI) no es equiparable con una comisión de agencia y se considera «real» y «voluntario», destacando que 267 inquilinos no lo han contratado desde la entrada en vigor de la ley de vivienda hasta marzo de 2025. Además, más de 4.000 inquilinos, de un total de 26.730 inmuebles, no han contratado un seguro de hogar.
La empresa también ha indicado que los inquilinos tienen derecho a desistir del SAI y que la inclusión en ficheros de insolvencia se realiza «conforme a la ley».
Multa de 3,6 millones por una sanción grave y seis infracciones
Este miércoles, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que se ratificaba la multa de 3,6 millones de euros impuesta a Alquiler Seguro por prácticas «abusivas» contra sus inquilinos, tras resolver el recurso de alzada interpuesto por el gestor de contratos de arrendamiento, agotando así la vía administrativa.
Ese mismo día, Alquiler Seguro adelantó que recurriría la resolución del Ministerio a través de la vía contencioso-administrativa, alegando que la decisión es «injusta y arbitraria». Además, reiteraron que todos sus servicios son legales.
El Ministerio ha confirmado la multa tras considerar que Alquiler Seguro ha vulnerado los derechos de los consumidores «aprovechando su posición de predominio de mercado», incurriendo en una sanción grave y seis infracciones muy graves.
En concreto, la empresa ha sido multada por imponer a los inquilinos la contratación de un servicio de atención al inquilino, que se entiende como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato; obligar a los inquilinos a contratar un seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora; y por imponer cargos por reclamación de deudas, incluso sin causa imputable al arrendatario o sin que haya condena en costas.
Asimismo, se le sanciona por incluir una cláusula que permite a la inmobiliaria incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de cualquier cantidad reflejada en el contrato, independientemente de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. También se le multa por excluir el derecho de desistimiento del arrendatario respecto al contrato del servicio de atención al inquilino.
Además de la multa económica de 3,6 millones de euros, la resolución conlleva dos sanciones accesorias: obligar a la empresa a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando las cláusulas abusivas identificadas, y hacer pública la multa impuesta, así como la razón social de Alquiler Seguro, S.A.U, y la naturaleza de la infracción.
