Bruselas, 17 de septiembre de 2025 – La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha alertado sobre el riesgo de injerencia extranjera asociado al contrato que el Ministerio del Interior español tiene con Huawei. Esta relación podría crear «potencialmente una dependencia» del proveedor, considerado por la UE como «de alto riesgo» en un sector crítico.
Virkkunen expone su preocupación en respuesta a una pregunta escrita del eurodiputado Jorge Buxadé, líder de Vox en la Eurocámara. El eurodiputado solicitó aclaraciones sobre si la adjudicación del contrato con la firma tecnológica china se alinea con las recomendaciones de la UE en cuanto a la seguridad de las redes 5G y la aplicación de la Directiva SRI 2.
La vicepresidenta comunitaria subraya que «el contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible, lo que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera». Esto se refiere al contrato en cuestión destinado al almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.
Virkkunen recuerda que en junio de 2023, el Ejecutivo comunitario consideró que los operadores chinos Huawei y ZTE presentaban «riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G». La Comisión Europea se comprometió a evitar que sus redes de comunicaciones corporativas se expusieran a tecnología de estas firmas y a restringir su acceso a financiación europea.
La comisionada finlandesa añade que Bruselas ya consideró justificadas las medidas que permiten a los Estados miembros restringir o excluir a Huawei y ZTE de sus actividades, instando a los gobiernos a adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores.
En este contexto, Virkkunen concluye su respuesta mencionando que la adjudicación del contrato de Interior a la compañía china podría aumentar el riesgo de injerencia extranjera en un sector crítico para la UE. Sin embargo, se limita a señalar este riesgo sin anunciar medidas concretas, y pospone el examen «de manera más general» de la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a «la próxima revisión» del reglamento sobre ciberseguridad, sin especificar una fecha.
