Junts ha afirmado que la reforma legal que se debatirá en el Congreso impactará a todo el territorio, aunque el Ministerio de Consumo la restringe a las comunidades con lenguas cooficiales. Este martes, 22 de septiembre de 2025, el Congreso comenzará a discutir una propuesta para obligar a empresas con más de 250 trabajadores, que generen más de 50 millones de euros en facturación, a ofrecer servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, independientemente de su ubicación.
La ponencia encargada de analizar esta normativa se reunirá a puerta cerrada para organizar las enmiendas registradas y considerar su inclusión en el texto legislativo. Esta reunión se da justo una semana después de que se cancelara un encuentro previo, tras el anuncio de Junts de una medida que ha generado indignación en representatives del mundo empresarial y en partidos como el PP y Vox.
Consumo aclara su postura
Tras el anuncio, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aclaró que la propuesta sigue en negociaciones. Afirmó que la intención del Gobierno es que las compañías garanticen atención a reclamaciones en catalán, gallego o euskera donde estas lenguas tienen reconocimiento oficial, aunque operen en el ámbito nacional. Bustinduy subrayó que esta obligación se aplicaría solo a grandes empresas, excluyendo a pequeños comercios, como una ferretería.
La ponencia evaluará las 234 enmiendas presentadas y existe la posibilidad de convocar otra sesión antes de remitir el proyecto a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales. Dentro de estas enmiendas, se destaca una de Junts que aclara que las empresas deben responder a consultas, quejas y reclamaciones en la misma lengua utilizada por el cliente.
Junts asegura que la medida afecta, entre otros, a sectores como el energético y las telecomunicaciones, así como a empresas de servicios como la banca y el transporte.
Formación en lenguas cooficiales
Las enmiendas también proponen la formación obligatoria en catalán para los trabajadores de atención al cliente de estas empresas. Esto eliminaría la exigencia de responder «al menos» en castellano; en cambio, las comunicaciones tendrían que llevarse a cabo en la lengua en que se dirigió el cliente.
La redacción original del proyecto permitía respuestas en la lengua del contrato, además de en castellano si así lo pedía el cliente. Con las nuevas propuestas, se busca que los clientes sean atendidos por personas en lugar de máquinas, y que el tiempo de espera para recibir atención no supere los 3 minutos en el caso de reclamaciones.
Medidas contra el spam y precios engañosos
La legislación también contemplará la prohibición de llamadas spam mediante códigos alfanuméricos, bloqueando así comerciales no consentidos. Todos los contratos cerrados por vías no consentidas serán declarados nulos, y las empresas deberán renovar el consentimiento cada dos años.
Asimismo, se establecerán regulaciones para las reseñas en línea, permitiendo a las empresas responder y solicitar la eliminación de comentarios que no sean reales. Se buscará además que los precios de entradas o billetes en venta online incluyan desde un inicio los gastos de gestión.
El texto de la ponencia se enviará a la comisión, donde se llevará a cabo una reunión pública de los grupos parlamentarios. Finalmente, el texto será presentado al Pleno para su aprobación y, posteriormente, al Senado, donde seguirá el mismo proceso de tramitación.
