El pasado 21 de octubre de 2025, la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa impulsada por el grupo del Partido Popular (PP) que requiere a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a comparecer trimestralmente ante este órgano legislativo. Esta comparecencia tiene como objetivo informar sobre la aplicación de la Ley de Vivienda, así como sobre la evolución de los precios de la compra y del alquiler.
A pesar del rechazo de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar, la propuesta del PP logró salir adelante con el apoyo de Vox y el respaldo del grupo proponente. En esta sesión, los aliados del Gobierno de coalición no participaron activamente, lo que ha generado un fuerte debate en torno a la gestión de la política de vivienda en España. La portavoz del grupo minoritario del Gobierno, Verónica Martínez Barbero, instó a Rodríguez a considerar su renuncia si no está dispuesta a tomar medidas efectivas para abordar el incremento en los precios de la vivienda.
Durante la votación, se produjo un empate a 17 votos, lo que llevó a utilizar el voto ponderado, que considera la representación en el Pleno, resultando en la aprobación del texto gracias a los 170 votos que suman los partidos de la oposición. Esto evidencia las diferencias significativas en la postura de los distintos grupos en relación a cómo enfrentar la crisis de la vivienda en España.
Seguimiento de la política de vivienda
El Congreso ha instado al Gobierno a implementar una «comparecencia obligatoria» de Isabel Rodríguez ante la Comisión de Vivienda «con una periodicidad trimestral». Esta presentación servirá para hacer un «seguimiento exhaustivo» de la política de vivienda actual, que es un tema cada vez más candente en el panorama político y social del país.
Además, la ministra deberá rendir cuentas sobre diversos aspectos cruciales que incluyen:
- Evolución de los precios de venta y alquiler de viviendas.
- Ejecución presupuestaria en el ámbito de la vivienda.
- Aplicación de la Ley de Vivienda y sus impactos en el mercado.
- Avance en políticas públicas para promover vivienda asequible.
- Estado de la ocupación ilegal y las medidas adoptadas para gestionar esta problemática.
En resumen, la reciente decisión del Congreso plantea un nuevo reto para la ministra Isabel Rodríguez y ofrece un marco para la rendición de cuentas en un sector que afecta de manera directa a la calidad de vida de los ciudadanos. Las expectativas son altas en cuanto a las medidas que deberían tomarse para controlar y reducir los precios de la vivienda, un tema que sigue siendo objeto de debate político y social en España.
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