MADRID, 9 Abr. – La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.
Este organismo, bajo la dirección de Elma Saiz, ha comunicado oficialmente a los vecinos afectados sobre la venta de estas viviendas públicas mediante un documento fechado el pasado día 30. En el mismo se señala la imposibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años, que fue aprobada en el Real Decreto 8/2026, el cual establece prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual.
La resolución afecta a numerosas viviendas vacías ubicadas en el corazón de Madrid, que pertenecen a la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012. Los afectados han recibido la noticia con «sorpresa e incredulidad», ya que esta medida fue adoptada por el propio Gobierno, pero no se aplica a los inmuebles cuyo propietario es el Estado, según ha declarado el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Desde el Sindicato han reafirmado que «no existe ningún impedimento legal» para implementar la prórroga y extender los contratos durante dos años, al tiempo que instan a iniciar «una negociación colectiva que ofrezca una solución a todas las vecinas», incluidas aquellas que han recibido demandas de desahucio.
Los inquilinos han reiterado en múltiples ocasiones que no han tenido la oportunidad de dialogar con ningún responsable de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o de Vivienda. Incluso han ocupado la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir una reunión y han interrumpido las subastas de las viviendas, sin respuesta hasta el momento.
El Sindicato ha enfatizado que este movimiento «aumenta la opacidad de la operación de privatización» y refuerza las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta de estas propiedades. Además, cuestionan la coherencia del Ministerio de Vivienda, que esta semana anunció la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar a inquilinos que residen en sus hogares desde hace más de 20 años.
«Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, especialmente el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas a no solo mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo», ha advertido el sindicato.
Los vecinos, organizados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han expresado su intención de «luchar en todos los frentes», incluida la vía contencioso-administrativa, hasta lograr que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente, «sin suponer expulsión para ningún vecino».
Por último, el Sindicato ha denunciado la falta de transparencia en el proceso y han afirmado que no abandonarán sus hogares, uniéndose a la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice la seguridad de sus viviendas.
