MADRID, 10 de febrero de 2026. El Gobierno de coalición ha presentado un escrito de disconformidad en el Congreso, rechazando la tramitación parlamentaria de una proposición de ley presentada por Podemos. Esta propuesta busca que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adquiera hasta un 51% del accionariado de Repsol, mencionando que la medida implicaría un coste aproximado para las arcas públicas de 8.960,7 millones de euros.
La iniciativa de Podemos proponía que la SEPI comenzara adquiriendo un 25% de la compañía para convertirse en el principal accionista. Posteriormente, antes del 29 de octubre de 2026, debería ampliarse esa participación hasta el 51% de la totalidad de las acciones.
El partido morado se planteó esta acción como un paso hacia la recuperación del control sobre el sector energético, financiando la adquisición con los fondos que el Gobierno planea destinar al aumento del gasto en defensa.
Como en toda proposición de ley, el Gobierno tiene la potestad, recogida en la Constitución, de expresar su disconformidad y, por ende, vetar propuestas legislativas que impliquen una disminución de los ingresos públicos o un aumento de los costes.
En este caso, el Ejecutivo argumenta que la capitalización bursátil de Repsol, a 21 de noviembre de 2025, era de 17.570 millones de euros. Por lo tanto, la adquisición inicial del 25% tendría un coste estimado de 4.392,5 millones de euros y la posterior adquisición del 26% restante rondaría los 4.568,2 millones, alcanzando un total de 8.960,7 millones.
Según se detalla en el escrito de disconformidad, la aplicación presupuestaria afectada sería la relacionada con la aportación patrimonial a la SEPI, motivo por el cual el Ejecutivo ha decidido no presentar su conformidad con la tramitación de esta ley, acogiendo su decisión al artículo 134.6 de la Constitución.
