Esto ocurrió tras un debate intenso, que incluyó múltiples llamados al orden por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán, a senadores socialistas, así como reproches cruzados entre PP y PSOE en relación con las polémicas judiciales del Gobierno y la falta de Presupuestos en comunidades gobernadas por el PP.
En este contexto, el PP activó el procedimiento para que la Cámara Alta lleve un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, en relación con los presupuestos del próximo año. Así, el Senado ha asumido esta cuestión y se la enviará al Gobierno.
Según el procedimiento, el Ejecutivo tiene un mes para responder desde el momento en que recibe la propuesta del conflicto de atribuciones, aunque también puede optar por no contestar y darlo por sustanciado. En dicho escenario, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o si no continúa con el procedimiento.
Durante la votación en el Pleno, el PP no recibió el apoyo de otros grupos; sin embargo, sí encontró la abstención de ERC, EH Bildu, Vox, UPN, Asociación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.
Un deber constitucional
En el texto del conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, quien tiene el deber constitucional de presentar presupuestos.
A su vez, desde el PP se advierte que no pueden «admitir» la «práctica fraudulenta» de modificación presupuestaria «al margen del Parlamento» como resultado de la falta de Presupuestos, considerándola «contraria al principio de legalidad presupuestaria».
El PP argumenta que la situación actual, que se reproducirá en 2026 con la prórroga de los Presupuestos de 2023, solo es comparable a lo ocurrido en 2020, cuando se extendieron los Presupuestos de 2018 debido a que el Gobierno decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de ese año a causa de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.
Además, el PP señala que «no existe justificativa posible» para no presentar los Presupuestos, salvo la posible falta de acuerdo con las fuerzas parlamentarias que aseguren su aprobación. Afirman que los motivos políticos no pueden justificar la omisión del cumplimiento de obligaciones constitucionales, lo que impide que las Cortes Generales, y especialmente el Senado, ejerzan su función presupuestaria.
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