MADRID, 22 de octubre de 2025 – El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa del Partido Popular (PP) para pedir al Gobierno que revise a la baja «los impuestos que pagan las familias y autónomos». Entre los puntos de la iniciativa, se destaca la aprobación de no aplicar una subida de cuotas a los trabajadores por cuenta propia para el próximo año y la exención de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros al año.
Estas peticiones han sido respaldadas por Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN. En contraste, Esquerra Republicana (ERC) y el PNV se han abstenido, mientras que partidos del Gobierno, incluyendo a Podemos, el BNG y Bildu, votaron en contra.
La Cámara Baja respaldó estas iniciativas mediante una moción como consecuencia de una interpelación urgente que el PP dirigió la semana pasada a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las peticiones forman parte de una propuesta del Gobierno para congelar las cuotas a los autónomos con menores ingresos y aumentar las cuotas en los tramos superiores. Esta iniciativa se da tras una rectificación del propio Ejecutivo, que en un primer momento planteó una subida generalizada, afectando incluso a los tramos más bajos.
Además de las medidas para los autónomos, el Congreso también ha instado al Gobierno a ajustar el IRPF a la inflación y eximir de tributación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026.
Eliminar gasto político superfluo
Otra de las cuestiones aprobadas, también con el voto en contra de los partidos del Gobierno, es la solicitud al Ejecutivo de Pedro Sánchez para eliminar el gasto político superfluo en la administración pública.
Asimismo, la Cámara Baja pide una reforma administrativa que reduzca los trámites y cargas que «dificultan la actividad empresarial», simplifique las obligaciones fiscales, agilice permisos y procedimientos, y garantice un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento.
Por último, el Congreso ha demandado al Gobierno un plan estratégico orientado a mejorar la productividad y la competitividad, con el objetivo de facilitar la expansión del tejido empresarial y contribuir a un aumento «progresivo y sostenido» del sueldo de los trabajadores españoles.
