MADRID, 9 de septiembre de 2025 – La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha celebrado el avance del proyecto que propone regular la sustitución de contadores analógicos por inteligentes. Dicha iniciativa se encuentra bajo el marco de un proyecto de orden ministerial promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualmente en proceso de audiencia e información pública.
Además, la patronal del sector gasista ha informado que ha presentado sus aportaciones y ha contribuido a la consulta pública para garantizar un despliegue «flexible, eficiente y seguro» de los contadores inteligentes de gas.
A principios de año, ya se realizó una consulta previa, y, según la patronal, este proceso representa el comienzo de la fase final de definición de un marco reglamentario «ambicioso, claro y viable» que permitirá modernizar el parque de contadores en todo el territorio nacional.
«Es un paso decisivo hacia la digitalización del sistema gasista, con beneficios directos para los consumidores en términos de control de su consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio», ha expresado Joan Batalla, presidente de Sedigas.
Asimismo, el sector ha valorado positivamente el calendario propuesto para la sustitución progresiva de los ocho millones de contadores existentes, aunque ha solicitado flexibilidad mediante revisiones periódicas y la posibilidad de adaptar los plazos según las circunstancias.
Por otro lado, la patronal ha solicitado establecer un precio de alquiler para el parque de contadores digitales, más allá de los equipos de menor caudal (menos de 6 m³/h) instalados en puntos de redes de baja presión (menos de 4 bar) y con un consumo inferior a 50.000 kWh/año ya regulados.
El sector ha exigido ajustes en la futura orden ministerial para asegurar un calendario de despliegue «realista y flexible», la recuperación razonable de las inversiones a realizar y un marco tarifario claro para los nuevos equipos.
En concreto, Sedigas ha indicado que la implantación masiva de contadores inteligentes supondría un coste estimado de 200 millones de euros para las empresas distribuidoras, monto que actualmente no se encuentra reconocido en el marco normativo vigente.
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