En un debate reciente en el Congreso, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha rechazado la propuesta de Podemos de hacer fijos de manera automática a los interinos en situación de abuso de temporalidad. El ministro argumenta que este enfoque vulneraría los principios de mérito y capacidad establecidos en la Constitución española.
Durante su intervención, López insistió en que la reducción de la temporalidad en el sector público requiere consenso entre los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas. Actualmente, la temporalidad en estas comunidades alcanza un alarmante 40,3%, comparado con el 4,7% en la Administración General del Estado, que cumple con el límite del 8% exigido por Bruselas. En las entidades locales, la temporalidad se sitúa en el 35,88%.
El llamado al consenso
López apeló a «el espíritu del consenso» para que el Parlamento apoye el proyecto de Ley de Función Pública, que se encuentra actualmente en tramitación y tiene como objetivo reducir la temporalidad en el sector público.
En respuesta, la diputada de Podemos Noemí Santana advirtió que su formación no apoyará la Ley de Función Pública si no se aborda la situación de los interinos. Según Santana, el Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recomendó en una audiencia reciente que se haga fija a esta categoría de trabajadores.
“Nosotros no vamos a votar la Ley de Función Pública si no se le da una solución real a los trabajadores que están en temporalidad y están siendo abusados. En resumen, fijeza o abuso. Fijeza o condena europea. Fijeza o ruina. Fijeza o no hay Ley de Función Pública,” declaró la diputada.
Respuestas a las críticas
López contestó que el abogado general del TJUE “no dijo que hubiera que convertir a fijos directamente a los trabajadores en abuso de temporalidad para cumplir con la directiva europea”. Afirmó que, aunque hay intentos en el país por vulnerar el mérito en el acceso a la función pública, existen oposiciones cuya celebración es necesaria para seguir un proceso justo.
El ministro reafirmó que lo que se necesita es no “saltarse” la Constitución, recordando que el Parlamento tiene sobre la mesa una Ley de Función Pública con enmiendas que podrían ofrecer una solución al problema. Dijo tener la esperanza de que todos trabajen juntos para resolver una situación que afecta a miles de trabajadores desde hace décadas.
Las medidas propuestas
El proyecto de Ley de Función Pública busca, entre otros objetivos, dificultar la creación de nuevas bolsas de interinidad, limitando esta forma de contratación a situaciones de urgente y extraordinaria necesidad. También se plantea la creación de un sistema de control y alerta, así como medidas de compensación para quienes sufran abusos en la temporalidad.
“Este Parlamento tiene una Ley de Función Pública encima de la mesa, con unas enmiendas que tienen que ser la solución. Y yo espero, de verdad, la corresponsabilidad de todos”, subrayó López. Sin embargo, añadió que sería una «gran decepción» que Podemos no apoyara una ley que puede reducir la temporalidad.
Desafíos y expectativas
López también destacó que el problema de la temporalidad en el sector público es “estructural” y afecta a todos los niveles de la Administración. Este factor se ha visto agravado por años de recortes realizados por gobiernos anteriores. Añadió que existe una oportunidad única en la Ley de Función Pública para aprobar enmiendas que ofrezcan una solución definitiva a este problema.
Por su parte, Santana respondió que la ley de 2021 no está funcionando como debería y ha resultado ser un «parche» para evitar sanciones de la UE, señalando que aún existe una alta temporalidad en el empleo público, que supera el 32%. “La ley no ha reducido la precariedad, simplemente lo que ha hecho es redistribuir la injusticia”, concluyó.
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