Madrid, 30 de marzo de 2024. Pegaso, una sociedad participada por el fondo Trilantic y la familia Oriol, fundadora de Talgo, ha presentado una demanda contra el Gobierno por haber vetado en 2024 la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la compañía húngara Ganz Mavag sobre el 100% de Talgo. Esta información se extrae de un auto de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fechado el pasado 10 de marzo.
En su resolución, el Alto Tribunal ha declarado de carácter reservado la demanda debido a que incluye referencias y comentarios sobre documentos cuyo acceso ha sido limitado. El Gobierno había declarado como reservada la resolución que denegaba la OPA, argumentando razones de seguridad nacional vinculadas a los supuestos lazos de la empresa húngara con Rusia.
Pegaso presentó finalmente su demanda el 28 de enero de 2026, solicitando que el proceso fuera recibido a prueba, incluyendo una prueba pericial, y además pidió que la demanda se tratara como documento reservado. El Abogado del Estado no se opuso a esta declaración de reserva, siempre que se garantizara el traslado íntegro a las partes co-demandadas, lo que fue acordado finalmente por el Supremo.
En un segundo escrito, fechado el 3 de febrero de 2026, Pegaso solicitó que los peritos encargados del futuro informe pericial pudieran consultar el expediente administrativo reservado. Sin embargo, la Abogacía del Estado se opuso a esta solicitud en ese momento procesal, decidiendo que dicha cuestión se abordaría en una fase posterior del procedimiento.
El Supremo ha recordado que la prueba pericial aún no ha sido admitida y que la decisión sobre su práctica deberá tomarse una vez que se haya respondido a la demanda y, en su caso, cuando se reciba el proceso a prueba. Por ello, entiende que no es el momento de pronunciarse sobre el acceso de los peritos a la documentación reservada, y ha denegado así su acceso al expediente.
La oferta húngara por Talgo fue públicamente aceptada por Pegaso, quien ofrecía hasta 5 euros por acción. No obstante, el veto del Gobierno truncó las expectativas de Trilantic de vender sus acciones a un precio superior al que finalmente vendió al consorcio vasco encabezado por Sidenor, que fue de 4,25 euros por acción.
