El movimiento Sumar ha presentado un Real Decreto Ley de medidas urgentes destinado a abordar la crisis del mercado de la vivienda en España. La iniciativa se enfoca en tres ejes: la protección inmediata de los inquilinos, la mitigación de la especulación y la regulación de los pisos turísticos.
Medidas propuestas
Entre las propuestas destacadas, se contempla la congelación de los contratos de alquiler existentes con el objetivo de proporcionar una mayor estabilidad a los inquilinos. Sumar plantea que se añadan tres años adicionales a los contratos actuales, y en áreas con alta demanda se extenderá esta prórroga en dos años más, sumando un total de diez años.
La regulación de los alquileres se aplicará de manera «general, inmediata y transitoria» hasta que se identifiquen oficialmente las zonas tensionadas; de este modo, los nuevos contratos y las renovaciones estarán sujetos a los mismos precios que los anteriores. Esta técnica de «congelación» se mantendrá independientemente del cambio de propietario del inmueble.
Con el fin de prevenir el uso fraudulento de contratos temporales, se especificará que los alquileres de más de 30 días se consideren como alquileres turísticos. Además, se busca otorgar a los arrendatarios derechos similares a los que tienen en los contratos de temporada.
Medidas fiscales y control de precios
En relación a las medidas fiscales, se propone modificar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de cuatro o más viviendas paguen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario. Asimismo, se incluirá una bonificación del 40% de las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades para aquellos alquileres considerados asequibles.
Alquiler asequible como prioridad
La iniciativa también establece que cualquier compra destinada a alquiler debe ser a precios asequibles, y se aplicarán las limitaciones de renta estipuladas en la Ley de Vivienda a los grandes tenedores de propiedades.
Referente al tema de los pisos turísticos, se propone clasificar como tales a los alquileres que duren hasta 30 días, buscando así evitar el fraude en las plataformas que se presentan como alquileres de temporada. Estos alquileres tributarán con un IVA del 21%, eliminando su trato fiscal favorable.
Por último, se busca establecer la obligación de registrar los alquileres de corta duración en una ley con el fin de intensificar el control sobre los alquileres turísticos y establecer un régimen sancionador efectivo para evitar conductas especulativas.
La presentación de estas medidas fue realizada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien enfatizó que son soluciones viables y aptas para su pronta implementación. Bustinduy realzó la importancia del acceso a la vivienda, señalando que no es solo un aspecto crucial para la ciudadanía, sino que también podría ayudar a desbloquear la riqueza económica que actualmente parece estar en manos de unos pocos.
Reacciones de los líderes políticos
Durante la conferencia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que las políticas actuales aún permiten la especulación en el mercado inmobiliario. Díaz mencionó que la situación actual divide a la ciudadanía entre aquellos que pueden acceder a una vivienda digna y aquellos que se ven condenados a la precariedad por la especulación.
La propuesta de Sumar ha generado una amplia discusión política, y sus representantes han instado a los distintos partidos a unirse en la lucha por el derecho a la vivienda, mientras critican la inacción de partidos opositores como el Partido Popular.»
Fuentes de Sumar subrayan que las medidas son compatibles con las acciones del Ministerio de Vivienda, con la esperanza de que se pueda llevar a cabo una negociación productiva en el futuro cercano.
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