La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha ofrecido su apoyo a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la sugerencia del socio minoritario de la coalición de Gobierno, Sumar. Esta recomendación para dimitir surgió ante la percepción de que Rodríguez no ha implementado medidas “serias” y ha provocado un llamado a tener una “visión panorámica” de las políticas de vivienda que ha llevado a cabo el Ejecutivo durante esta legislatura.
Declaraciones tras el Consejo de Ministros
Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría destacó la importancia del trabajo realizado hasta ahora. «Más allá de las opiniones, incluso alguna petición que se pueda trasladar, que ya le digo, no compartimos, aquí lo verdaderamente importante es el trabajo que se está haciendo», afirmó.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, sugirió que si la ministra de Vivienda no asume la necesidad de medidas “serias, innovadoras y valientes” para abordar la crisis de precios, debería “dejar paso” a alguien dispuesto a impulsar políticas efectivas, advirtiendo que la paciencia tanto de su grupo como de la ciudadanía se está “acabando” con esta ministra.
Compromiso del Gobierno con la vivienda
Alegría subrayó que la vivienda es una “prioridad” para el Gobierno, un problema que afecta “a la práctica totalidad o a muchísimos ciudadanos de este país”. Se destacó que el actual Ejecutivo ha aprobado, por primera vez en la historia de la democracia, una Ley de Vivienda, ha multiplicado por ocho el presupuesto destinado a políticas de vivienda y ha propuesto una financiación superior a 7.000 millones de euros para el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
“Quiero recordar que el plan de anteriores gobiernos del Partido Popular contemplaba 1.700 millones de euros. El actual, 7.000 millones de euros”, enfatizó, apuntando a la mejora significativa en la inversión del sector.
No obstante, la ministra enfatizó que para realmente solucionar el problema de la vivienda, es esencial que todas las administraciones competentes, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, trabajen en conjunto con el Gobierno. Lamentó que muchas de estas administraciones, especialmente aquellas regidas por el Partido Popular, se muestran reticentes a aplicar la Ley de la Vivienda.
El objetivo del Gobierno
La ministra ha reiterado que la meta del Gobierno es garantizar el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, consolidando así la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar.
Las propuestas de Sumar
En la misma rueda de prensa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también defendió el Real Decreto Ley presentado por Sumar, describiéndolo como una propuesta “constructiva” y de “sentido común”. “Por encima de cualquier polémica o comentario de actualidad, creo que lo importante es dar solución al que es el principal problema que viven las mayorías trabajadoras en España”, añadió.
Bustinduy recordó que en los próximos meses vencerán miles de contratos de alquiler pactados hace cinco años, por lo que defendió el Real Decreto Ley de Sumar para poder prorrogar tres años los contratos vigentes y congelar los precios de los alquileres.
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