El Partido Popular (PP) ha responsabilizado a la Ley de Vivienda, aprobada en 2023, de la desaparición de más de 120.000 pisos del mercado de alquiler residencial, citando un incremento en la «inseguridad jurídica» como una de las causas principales. Esta situación ha llevado a la formación política a solicitar la derogación de la ley en la próxima sesión del Congreso.
En particular, el PP presentará una moción en el Pleno de la Cámara Baja, derivada de una interpelación urgente que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo planteó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la última sesión plenaria. En este contexto, el grupo parlamentario ha denunciado que muchos propietarios han decidido vender, retirar sus inmuebles del alquiler, o transferirlos al mercado de alquiler temporal, debido a las disposiciones de la ley negociada entre PSOE, Podemos, ERC y Bildu.
El impacto de la ley ha resultado en una presión extrema sobre la disponibilidad de viviendas, especialmente en áreas de menores recursos, lo que ha llevado a la expulsión de familias trabajadoras y a la clase media de los centros urbanos, según enfatiza el PP.
Ponen de ejemplo a Cataluña
Como caso representativo de las consecuencias negativas de esta norma, el PP ha señalado a Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma en implementar medidas de la Ley de Vivienda para controlar los precios de alquiler. Según datos de Idealista citados por el PP, los precios en esta región han aumentado un 8,7 % en el último año, y por cada tres viviendas retiradas del mercado de alquiler en España, una corresponde a Cataluña. Además, en Barcelona, por cada vivienda anunciada hay 341 solicitudes, en comparación con las 77 que había antes de la implementación de la ley.
Frente a este escenario, el PP exige la derogación de una ley que consideran «intervencionista», argumentando que ha provocado inseguridad jurídica, incremento de precios, reducción de la oferta y un aumento de casos de ocupación e inquietud por parte de propietarios.
Lucha contra la ‘okupación’
En el marco de su iniciativa, el PP ha aprovechado para denunciar el «fenómeno creciente de la ocupación ilegal». De acuerdo con datos del Instituto de Estudios Económicos compartidos por el Partido Popular, actualmente hay alrededor de 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30 % de los propietarios afectados optan por no denunciar debido a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden extenderse hasta 18 meses.
Con esta problemática en mente, el PP demanda medidas efectivas para erradicar la ocupación ilegal y garantizar que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean desalojadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Además de estos puntos, el Grupo Popular ha añadido dos propuestas adicionales en su moción, orientadas a fomentar el acceso a la vivienda para jóvenes mediante incentivos fiscales y la creación de un «Proyecto Residencial Estratégico». Esta figura busca unificar los trámites de las fases de planificación, gestión y ejecución, acortando los plazos de construcción de diez a cuatro años, y destinando la mitad de las nuevas viviendas construidas a ser asequibles.
