El Ministerio de Función Pública se reunirá este jueves a mediodía con CCOO, UGT y CSIF después de que los sindicatos rechazaran la oferta del Gobierno de una subida salarial acumulada fija del 10% para los empleados públicos durante el periodo 2025-2028. Según fuentes sindicales, ese porcentaje se distribuiría a lo largo de cuatro años, fijando un límite del 4% para los años 2025 y 2026, con el fin de no sobrepasar el techo de gasto.
Así, los restantes 6% tendrían que aplicarse en 2027 y 2028. Sin embargo, se indicó que el Gobierno propone un incremento mayor en 2027 en función de la evolución de los precios. Esta propuesta fue presentada a los sindicatos por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, durante una nueva reunión centrada en las relaciones laborales y salariales de más de tres millones de empleados públicos.
CCOO, UGT y CSIF manifestaron su desacuerdo con la oferta, considerándola insuficiente. En respuesta a esta oposición, Función Pública convocó a los sindicatos a un nuevo encuentro. Según CSIF, la oferta inicial «no cubriría» el aumento de precios, dado que la inflación interanual hasta octubre era del 3,1%. «Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida del poder adquisitivo y no lo podemos aceptar», afirmaron desde CSIF, indicando que desde 2022 los sueldos han disminuido un 8%, y considerando que desde 2010 la pérdida supera el 20%.
CCOO LO VE COMO UN «INSULTO» A LOS FUNCIONARIOS Y AMENAZA CON HUELGA
Desde CCOO calificaron de «totalmente inaceptable» la primera propuesta del Gobierno, entendiendo que es un «insulto» para los empleados públicos. El sindicato manifestó que solo aceptará una propuesta que implique la recuperación del poder adquisitivo, advirtiendo sobre la posibilidad de convocar una huelga general en diciembre si no reciben una propuesta económica justa. «El Gobierno presume de liderar el crecimiento económico en la Unión Europea, pero propone continuar con la política de contención salarial para el personal de las Administraciones Públicas, ignorando que los empleados públicos de este país siguen por debajo del promedio europeo», denunciaron.
UGT: «NO ESTAMOS PARA PERDER DINERO»
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, expresó que el 10% propuesto por el Gobierno «complica la negociación», y enfatizó que el acuerdo plurianual debe garantizar el poder adquisitivo. «No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero», advirtió. Araque subrayó que el sindicato esperará a conocer la oferta que presente Función Pública durante el encuentro del jueves, aunque no descarta la posibilidad de movilizaciones.
El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente de 2022 a 2024, previendo subidas retributivas que acumularon un aumento de cerca del 10%. Este pacto, vigente cuando la inflación alcanzaba el 10%, implicó un gasto cercano a 13.000 millones de euros.
FUNCIÓN PÚBLICA SE COMPROMETE A ESTUDIAR LOS PLANTEAMIENTOS SINDICALES
El Ministerio, dirigido por Óscar López, aseguró que revisará las propuestas de las organizaciones sindicales. El acuerdo marco que se negocia busca mejorar la calidad de los servicios públicos y la relación entre los ciudadanos y la Administración. En reuniones anteriores, ambas partes han avanzado en temas relacionados con el empleo público, como la mejora de procesos selectivos, promoción interna, planes de efectivos, atención al ciudadano y condiciones laborales dignas y seguras.
