SALAMANCA, 24 de octubre de 2025 – La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha anunciado que está llevando a cabo un análisis acerca de una posible desviación de fondos públicos en torno al despliegue de la financiación singular en Cataluña. Además, ha confirmado que están considerando la posibilidad de adoptar medidas penales ante esta supuesta malversación.
En el transcurso del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Salamanca, la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, destacó que «se está produciendo un gasto y una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma». Este comentario refleja la preocupación de la asociación sobre el uso de fondos públicos en una iniciativa que carece de un respaldo legal estable.
Ana de la Herrán también subrayó que desde la asociación están consultando con su despacho jurídico para comprobar si efectivamente se está produciendo alguna desviación de fondos y para estudiar la viabilidad de acciones legales. Según sus afirmaciones, la crítica radica en que la financiación singular parece estar comenzando «la casa por el tejado», sin haber conseguido antes la aprobación de una ley orgánica que modifique las condiciones necesarias para llevarla a cabo.
Problemas con el fraude y las devoluciones del IRPF
En este sentido, los inspectores han insistido en que la «financiación singular de Cataluña no está regulada en la Constitución y incumple varios de sus principios». Desde el inicio de la aplicación del «Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña», ningún experto ha podido demostrar efectos positivos de este régimen. La única motivación parece ser la exigencia política de los independentistas catalanes para justificar el nombramiento del presidente de la Generalitat.
El colectivo de inspectores ha manifestado su preocupación por una posible modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas «por la puerta de atrás», ya que esta alteración podría vulnerar el principio de igualdad. De acuerdo con su informe, la fragmentación del régimen tributario podría generar importantes complicaciones en la lucha contra el fraude fiscal y afectar la gestión de impuestos en el consumo, lo que podría llevar a una deslocalización de empresas y a dificultades en el control de las grandes multinacionales.
Todo lo anterior contribuiría a un deterioro de los servicios ofrecidos por la Agencia Tributaria, incluyendo las devoluciones del IRPF para los ciudadanos. «El sistema tributario y la Agencia Tributaria están en una situación precaria, donde se están poniendo cargas de dinamita en todos los pilares», advirtió el portavoz de la asociación, José María Peláez, durante la rueda de prensa.
Por último, los inspectores también han expresado su preocupación por el estado de los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña. «Son personas que han ganado su puesto en una oposición y deberían estar tranquilos, pero se están generando problemas innecesarios por el capricho de unos pocos», comentó Ana de la Herrán.
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