El Ministerio de Trabajo ha convocado para este lunes, 20 de octubre, a las 9:30 horas a los agentes sociales para iniciar las negociaciones que llevarán a la reforma del despido en España. La reunión estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz y cabeza visible de todas las mesas laborales de diálogo social que convoca el Ministerio.
La reforma del despido está incluida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y responde, además, a la interpretación de la normativa española realizada por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). En concreto, el CEDS, con sede en Estrasburgo, condenó a España por «vulnerar» la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente, que actualmente es de 33 días por año trabajado. Esta cantidad ha sido considerada insuficiente y no disuasoria para el empresario.
El CEDS determinó su postura en resoluciones emitidas en julio de 2024 y junio de 2025, a raíz de denuncias presentadas por UGT y CCOO por el incumplimiento del artículo 24 de la Carta Social Europea, que se refiere a la protección de los trabajadores en caso de despido. Las denuncias indicaban que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización vinculada al daño real sufrido, limitando la aplicación de una compensación que sea «mínima, accesible y efectiva».
En sus resoluciones, el CEDS también estableció que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española no son lo suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y no resultan ser disuasorios para el empresario.
EL FALLO DEL SUPREMO
Los sindicatos, alentados por las resoluciones del CEDS y conscientes de que esta reforma forma parte del programa de gobierno, han instado a Díaz a convocar la mesa de negociación lo antes posible. Esto con el objetivo de que la indemnización por despido sin causa sea realmente disuasoria y repare el daño causado al trabajador, considerando sus circunstancias personales.
La propia ministra anunció hace unos días que la negociación daría inicio el lunes, 20 de octubre. Algunos tribunales de justicia, basándose en el fallo del CEDS, han elevado la indemnización por despido improcedente en algunas sentencias. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó en julio pasado una sentencia en la que establece que no se puede incrementar por vía judicial dicha indemnización, sin que esto implique una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, que solo especifica que la indemnización debe ser adecuada.
El Tribunal Supremo respaldó lo decidido en un fallo anterior, afirmando que la indemnización por despido improcedente, según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, «no puede verse incrementada en vía judicial». El Supremo subraya que la expresión «derecho a una indemnización adecuada», que reitera el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, resulta «literalmente inconcreta». Así, concluye que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de «declaraciones programáticas», cuya eficacia concreta requiere intervención legislativa.
Además, el Alto Tribunal defiende que la indemnización fijada en la legislación española «es una indemnización adecuada», alegando que esta fórmula legal ha ofrecido seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores frente a la pérdida de empleo, asegurando reparaciones en iguales términos.
Por otro lado, la reforma del despido genera recelos entre la patronal CEOE, cuyo dirigente, Antonio Garamendi, ha criticado en las últimas semanas la intención de la vicepresidenta segunda por su «monólogo social» y su tendencia a tomar decisiones «partidistas», que, según él, buscan responder a intereses políticos.
Desde el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey ha advertido que «estar en una mesa de diálogo social no es solo para calentar la silla». Según él, «hay que estar para proponer, para hacer propuestas y para alcanzar acuerdos». Asegura que el Ministerio de Trabajo no ha cambiado su forma de proceder en los largos cinco años que lleva al frente de esta gestión.
