La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha aclarado en el Congreso que el día del apagón del 2025 existían mecanismos regulatorios «suficientes» para controlar la tensión del sistema, y que en ningún momento hubo un «vacío normativo». Esta afirmación fue realizada durante su comparecencia en la comisión de economía de la Cámara Baja, donde detalló las actuaciones emprendidas por Competencia en relación con el incidente energético ocurrido el 28 de abril de 2025.
Fernández abordó el Procedimiento de Operación 7.4, que regula en España el servicio complementario del control de tensión en la red de transporte de energía eléctrica. Según la presidenta, este procedimiento no se actualizó hasta un mes después de que se produjera el apagón, sin embargo, garantizó que el sistema no estuvo «en ningún momento» sin marco regulatorio, y que el día del incidente existía un procedimiento vigente y de obligado cumplimiento conocido por los agentes y el operador del sistema.
Esta situación implica que, el 28 de abril de 2025, los mecanismos regulatorios y técnicos disponibles eran «suficientes para gestionar adecuadamente el sistema», según explicó.
PRIMER CONTACTO EN 2020
Fernández reveló que la CNMC ha estado trabajando en el procedimiento de operación desde antes de recibir la propuesta de Red Eléctrica, con el primer contacto con el operador del sistema datando de 2020. La presidenta enfatizó que el mercado energético ibérico de abril de 2025 «no se parece en nada» al que existía hace cinco años, ni tampoco al de hace dos o al que habrá dentro de un año, y destacó que el mercado está en constante evolución. Su responsabilidad es adaptar la regulación a esta realidad evolutiva mejorando mecanismos regulatorios.
La presidenta de la CNMC agregó que esta adaptación «debe hacerse con garantías», siguiendo los procesos necesarios y contrastando propuestas con el sector a través de consultas públicas y reuniones, utilizando en ocasiones proyectos piloto o «sandbox» regulatorios. Para concluir, insistió en que, a pesar de los cambios en el mercado, el sistema siempre cuenta con mecanismos para gestionar adecuadamente su funcionamiento.
ORIGEN «MULTIFACTORIAL»
Fernández también comentó que, a pesar de la apertura de varios expedientes sancionadores por el apagón contra las empresas eléctricas y el operador del sistema, Red Eléctrica, el incidente tuvo un origen «multifactorial». Este se debió a una serie de eventos temporales que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron en el apagón por sobretensión. La CNMC inició varios expedientes informativos para analizar las circunstancias que llevaron al episodio, determinando hechos relevantes desde la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica.
En este contexto, Competencia ha identificado indicios de incumplimientos que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico, constituyendo posibles infracciones administrativas. Como resultado, el organismo incoó formalmente expedientes sancionadores. Fernández enfatizó que el proceso requirió examinar más de 13 gigavatios (GB) de información y miles de documentos, debido a la «complejidad técnica» del incidente.
COSTE DE LA OPERACIÓN REFORZADA
Durante la comparecencia, varios grupos parlamentarios preguntaron sobre el sobrecoste en la factura eléctrica del sistema de operación reforzado, que Red Eléctrica activó tras el apagón. La presidenta coincidió con los datos que indican que este modo de operación representa un costo de unos 660 millones de euros, lo que equivale a poco más del 4% del coste total de la energía. A pesar del aumento en la factura, subrayó que los precios de la energía actualmente son más bajos que en 2023. Para un operador en PVPC, con un consumo de aproximadamente 300 kilovatios hora, el coste de la operación reforzada se traduce en unos cuatro céntimos diarios.
OPTIMISTA CON EL ACCESO A LA RED
Por otro lado, Fernández se mostró «optimista» respecto a algunas medidas introducidas por el decreto para mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, especialmente en cuanto al acceso a las redes de transporte eléctricas. Confía en el impacto positivo que tendrá la prestación por reserva de capacidad de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que deben abonar los consumidores titulares de permisos de acceso y conexión de demanda.
La presidenta de la CNMC explicó que esta prestación sustituye una línea de avales, lo que implica que aquellos con capacidad contratada deberán pagar por su uso, y que el costo se descontará cuando el proyecto se concrete. Fernández considera que esta medida permitirá que los proyectos sólidos prevalezcan sobre aquellos especulativos o inviables, y, junto con la publicación de mapas de capacidad, puede llevar a que se descubra la capacidad disponible en el sistema eléctrico.
