La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado este miércoles a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria. Esto significa que las comunidades tendrán la opción de decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se mantienen con el rendimiento que ofrece el actual, según han indicado fuentes del Ministerio de Hacienda.
Esta prerrogativa no es nueva, ya que ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009 (disposición transitoria tercera). Además, Montero comunicó a los consejeros autonómicos presentes en el encuentro que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en un modelo que ha suscitado rechazo en las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) y entre algunos dirigentes socialistas, debido a que ha sido negociado previamente con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Tras estas reuniones con las comunidades, el Gobierno presentará a audiencia pública la ley orgánica, que en una segunda vuelta será aprobada nuevamente por el Consejo de Ministros y se enviará al Congreso de los Diputados, donde se espera contar con el apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027.
En conjunto, las comunidades autónomas contarán en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente, de cara al año 2027. Se prevé que en este año, el nuevo modelo pueda aportar unos recursos de 224.507 millones de euros.
Aunque inicialmente solo se había planteado la voluntariedad en cuanto a la recepción de una parte del IVA generado por las pymes en los territorios, ahora las comunidades podrán decidir libremente si aplican de forma completa el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el actual, el cual fue aprobado en 2009.
Los gobiernos regionales del PP han advertido que el nuevo sistema de financiación autonómica está «precocinado», definiéndolo como «modelo Junqueras», en relación con el líder de ERC, y han amenazado con acudir a la Justicia si este planteamiento se convierte en ley orgánica. Desde Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, se ha calificado el modelo como «un chantaje de los independentistas catalanes», alegando que solo buscan privilegios. Además, advierten que el principio de ordinalidad defendido por Cataluña es «una línea roja» para el Gobierno castellanomanchego.
En este contexto, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero (PSC), ha admitido que el nuevo modelo de financiación beneficia a la región, dado que venía de una situación de «infrafinanciación». Sin embargo, recalca que «todo el mundo gana» con la nueva propuesta, negando que se trate de un acuerdo de «insolidaridad» o «desigualdad».
