La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentará este miércoles por la tarde a las organizaciones sindicales UGT y CCOO, así como a las empresariales Seopan, CNC y APCE, el nuevo Plan Estatal de Vivienda para los años 2026-2030, el cual tiene como objetivo triplicar la financiación en políticas de vivienda hasta alcanzar los 7.000 millones de euros.
Con este anuncio, el Departamento de Isabel Rodríguez inicia la audiencia pública previa del Proyecto de Real Decreto, buscando aprobar el plan en el Consejo de Ministros durante la segunda quincena de diciembre, como paso previo a su entrada en vigor el próximo año.
Según el calendario presentado por Rodríguez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, está prevista una reunión multilateral y sectorial con las Comunidades Autónomas en la segunda quincena de septiembre para discutir sobre este nuevo Plan Estatal.
Una de las principales novedades del plan, en comparación con el anterior, se centra en triplicar la financiación y en asegurar la protección del parque público de vivienda, buscando alcanzar estándares europeos tanto en volumen como en protección.
El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista en el plan, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.
UN 40% DEL PRESUPUESTO PARA AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PÚBLICA
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales:
- Impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública;
- Rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad;
- Desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes;
- Reducción de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad;
- Reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
El plan contempla que la mayor parte de los fondos, hasta un 40%, se destinará a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se dedicará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, considerando también criterios de eficiencia energética; y el 30% restante se dirigirá a ayudas emergentes, como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas, así como al refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible para quienes más lo necesitan.
