El Partido Popular (PP) defenderá esta semana en el Pleno del Congreso dos iniciativas que exigen al Gobierno la presentación «de manera inmediata» del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026, tras tres años de prórrogas presupuestarias. Los últimos presupuestos aprobados en el Congreso corresponden a la legislatura pasada, específicamente a los del ejercicio de 2023. Desde entonces, las cuentas han sido prorrogadas automáticamente debido a la falta de un nuevo proyecto que el Gobierno aún no ha presentado ante la Cámara Baja, ante la difícil aritmética parlamentaria que enfrenta.
En este contexto, tanto el PP como otros socios parlamentarios habituales han reclamado al Ejecutivo que presente un nuevo proyecto de cuentas públicas. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado una moción resultante de una interpelación urgente dirigida en la última sesión plenaria al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para reiterar esta solicitud. En la moción, que constata la necesidad de una acción inmediata, el Grupo Popular insta al Gobierno a presentar «de manera inmediata» el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, buscando poner fin a la «anomalía institucional» que ha generado el Gobierno, con el fin de devolver la credibilidad a la política fiscal española.
Mandato constitucional
Además, esta semana en la Comisión Constitucional se debatirá otra iniciativa del PP que instará al Ejecutivo a aprobar de forma inmediata y remitir a las Cortes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, para luego «cumplir su mandato constitucional» de presentar un proyecto de ley de Cuentas Públicas para este año. También se reclama que el Gobierno se abstenga de realizar, «a espaldas de estas Cortes Generales», transferencias de crédito que no estén sujetas a las restricciones establecidas por el artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria, y que cese su «reiterada práctica» de vetar la tramitación de textos legislativos promovidos por la oposición.
En la exposición de motivos, se sostiene que la Constitución obliga al Gobierno a presentar cada año unas Cuentas Públicas y que la prórroga prevista en el artículo 134.4 no ampara «la negativa a presentar un presupuesto», sino únicamente la imposibilidad de aprobarlo. Además, señalan que el Gobierno no puede autorizar ni decidir sobre la reasignación de partidas presupuestarias entre secciones del presupuesto prorrogado y, al mismo tiempo, usar dicho presupuesto para restringir a las Cortes sus funciones legislativas. De hecho, el PP recuerda que el Tribunal Constitucional ya reprochó al Ejecutivo el uso de su capacidad de veto argumentando su impacto en ejercicios presupuestarios posteriores al vigente.
Cuerpo dijo que intentaría presentarlos antes de verano
El Ejecutivo ha prometido la presentación de Presupuestos desde 2023, pero diversos acontecimientos han llevado al incumplimiento de esta promesa y la prórroga continúa vigente. El último caso relevante ocurrió con el estallido de la guerra en Irán. La ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró en repetidas ocasiones que presentaría el proyecto de Presupuestos en 2026, pero tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, se generó una espiral inflacionista en los precios energéticos que obligó al Gobierno a aprobar un decreto de 5.000 millones de euros en rebajas fiscales.
Tanto Montero como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaron que con ese panorama no estaban en condiciones de presentar los Presupuestos. El recientemente ascendido vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha afirmado que su intención es intentar presentarlos en el Congreso antes del verano.
Aliviar la carga de clases medias
En otro orden de cosas, el PP ha utilizado su moción para plasmar otras tres peticiones al Ejecutivo. Una de estas es revisar «en profundidad» la política económica para aliviar a las clases medias y reactivar la inversión, corrigiendo la «subida silenciosa» de impuestos debido a la inflación y orientando el sistema tributario hacia el fomento del trabajo, el ahorro y la inversión productiva.
Además, se solicita reducir «drásticamente» la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y limitar el intervencionismo, garantizando un entorno estable que permita a empresas y autónomos crecer, invertir y generar empleo de calidad. Por último, el Grupo Popular insta a impulsar una transformación digital real de la economía, basada en la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en las Administraciones Públicas, así como en la penetración de nuevas tecnologías en pequeñas y medianas empresas, promoviendo el desarrollo de España como un ‘hub’ industrial y tecnológico en IA.
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