Archivo – Autopista Radial R2 – IRIDIUM (ACS) – Archivo
MADRID, 15 Feb. – El Tribunal Supremo ha vuelto a anular el último cálculo que el Gobierno realizó del rescate de una de las autopistas que quebraron durante la crisis financiera de 2008, instando a que se vuelva a calcular con urgencia para pagar cuanto antes a las concesionarias por su construcción.
En concreto, una sentencia de la Sala de lo Contencioso, fechada el 28 de enero de 2026, anula la última resolución del Gobierno respecto a las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria.
Este había sido el segundo cálculo que el Gobierno realizó, aumentando en 451 millones de euros lo estimado anteriormente, tras aplicar sentencias previas del Supremo que anulaban la fórmula inicial por no ajustarse a derecho.
No obstante, en esta ocasión, la justicia no se centra en el cálculo económico, sino en la obligación de que el Gobierno presente ya una última resolución y pague todo lo que adeuda a la concesionaria, evitando así una futura resolución que no sea definitiva.
En 2019, el Gobierno aprobó un plan para organizar el proceso de indemnizaciones a todas las concesionarias que quebraron, ya que el Estado se quedó con sus autopistas y debe a estas empresas lo que invirtieron. Este plan establecía que se presentaría una resolución inicial por cada concesión, una segunda complementaria y otra tercera definitiva, con un plazo máximo de seis meses entre cada una.
Sin embargo, de las nueve autopistas que quebraron —gestionadas por ocho concesionarias—, solo una ha llegado a esa última resolución desde que se aprobó ese proceso hace casi siete años. La última sentencia, sumada a otras emitidas por el Supremo con anterioridad para anular el cálculo, busca evitar que el proceso se demore más.
La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión adjudicada en 1999 a un consorcio compuesto por ACS, OHLA, Sacyr y FCC por un periodo de 50 años. Esta concesión entró en operación en 2004, pero en 2012 entró en concurso de acreedores, y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit asumieron la deuda para cobrar las futuras indemnizaciones del Estado.
Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ha supuesto un pago provisional por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque la mayoría de las autopistas aún se encuentran en la fase de la segunda resolución.
En detalle, se han pagado por la R-4 un total de 134 millones de euros; por la A-36, 319 millones; por la A-41, 41 millones; por la AP-7 Cartagena-Vera, 278 millones; por la AP-7 Alicante, 307 millones; y por la M-12, 46 millones; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros.
