El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto esta semana que respalda, por
segunda vez, las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que a finales
de 2024 instó a la empresa multinacional Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos de su
plataforma por no indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica.
Detalles sobre el fallo
Concretamente, el TSJM se pronunció sobre las medidas cautelares dictadas por el Ministerio que dirige
Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, que exigía a Airbnb la retirada de casi
35.000 anuncios (34.728). La multinacional había recurrido esta medida cautelar, pero el tribunal ha
denegado su recurso, tal como lo hizo en mayo de 2025 contra un primer recurso de Airbnb.
Acciones del Ministerio y la respuesta de Airbnb
De esta forma, el TSJM valida, por segunda vez, las actuaciones de Consumo ante esta compañía.
En total, el Ministerio instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones diferentes:
la primera de 5.800 anuncios, ya avalada por el TSJM en mayo; la segunda de 34.728 anuncios,
que acaba de recibir el respaldo del tribunal; y una tercera resolución que incluye los anuncios
restantes, la única que no ha sido recurrida por Airbnb.
Después de recibir estas resoluciones y tras el primer aval de la justicia, Airbnb procedió a retirar
los 65.000 anuncios en julio de 2025.
Fundamentos de la ilegalidad
Desde la Dirección General de Consumo, se argumentaron tres razones clave para justificar la ilegalidad
de estos anuncios detectados en la plataforma de Airbnb.
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Falta de número de licencia o registro: Los anuncios no incluían esta información
obligatoria según varias normativas autonómicas, lo que representa la infracción más común en la
publicidad analizada. -
Licencias falsas: Algunos anuncios mostraban números de licencia que no correspondían
a los documentos emitidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o engaño a los
consumidores. -
Ausencia de claridad sobre los arrendadores: Los anuncios no indicaban la naturaleza
jurídica de los arrendadores, si eran profesionales o particulares, un aspecto fundamental para
proteger adecuadamente a los consumidores.
Acciones adicionales del Ministerio
Asimismo, en diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en
relación con la publicidad ilegal de viviendas turísticas. Mantiene abiertos más expedientes sancionadores
contra grandes gestoras y agencias inmobiliarias por prácticas potencialmente engañosas y abusivas en la
gestión del alquiler.
Objetivos frente a la crisis de vivienda
Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a
atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los problemas más apremiantes del país. «Hay miles
de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos
de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», ha manifestado el ministro, enfatizando que
«ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley».
