El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas, donde se observa que se ofrecen precios superiores a los estipulados por la ley. Esta investigación también se dirige a aquellos anuncios que no indican el precio del último contrato de alquiler para el caso de particulares.
Según la información proporcionada por el departamento, estas prácticas podrían ser consideradas infracciones de la normativa de consumo, específicamente como «prácticas desleales por engañosa», lo que podría dar lugar a sanciones para los infractores.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela exige a los portales inmobiliarios publicar de forma «clara y accesible» información en los anuncios de viviendas ubicadas en áreas oficiales declaradas como tensionadas. Esto incluye detalles que permitan a los consumidores conocer los parámetros utilizados para justificar los precios de renta, como la última renta del contrato anterior para particulares o el índice de renta aplicable para grandes tenedores.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha informado recientemente a varios portales inmobiliarios y asociaciones del sector acerca de los cambios legislativos que afectan la responsabilidad de estos portales como intermediarios entre arrendadores y arrendatarios.
La acción del Ministerio se inicia tras detectarse, en el marco de su monitorización activa del mercado de la vivienda, prácticas que podrían estar infringiendo las nuevas normas de transparencia en la oferta comercial de viviendas en áreas tensionadas.
Previamente, la Ley de Vivienda requería que esta información se proporcionara antes de la firma del contrato; sin embargo, la nueva normativa también exige que dicha información figure en los anuncios.
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