La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, un acuerdo para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciendo el SMI en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.
El acto de firma tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo a las 11:30 horas y contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de varios ministros, entre ellos María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Díaz destacó la «simbología» del acto por la presencia de Sánchez y Montero, enfatizando que es la primera vez que el presidente del Gobierno asiste a este ministerio. «En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria… Viene el presidente al Ministerio de Trabajo y no al revés», agregó, haciendo referencia a la reciente autonomía que ha adquirido este ministerio sin depender de otros, en alusión al Ministerio de Economía.
Además, aprovechó la presencia de Sánchez para afirmar que, pese a las «intensas» discusiones dentro del Gobierno, siempre ha estado del lado de los trabajadores. Le agradeció al jefe del Ejecutivo que siempre se haya posicionado «en el lado correcto de la historia».
«VOLVEMOS A MEJORAR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES»
La nueva cuantía del SMI quedará exenta de tributación en el IRPF, superando en 37 euros al mes o 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales). «Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia, volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me siento muy orgullosa. Este Gobierno es el Gobierno de las personas trabajadoras, de la mayoría social. Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario», afirmó la ministra.
Con el aumento del 3,1%, el salario mínimo para 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para trabajadores eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en 57,82 euros, y los empleados del hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada. Este incremento, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, según el Ministerio de Trabajo. Es el sexto año consecutivo en que Díaz pacta la subida del SMI con los sindicatos, sin la participación de CEOE y Cepyme.
PIDE A LOS EMPRESARIOS QUE SUBAN LOS SALARIOS
En este contexto, la vicepresidenta segunda ha enviado un mensaje a los empresarios para que eleven los salarios en España, ya que existe aún «un diferencial negativo de 25 puntos con las medias salariales de Europa». «Esto también nos tiene que hacer pensar… hacemos un llamamiento a las empresas españolas para que no solo desde lo público, sino que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país», insistió.
Díaz aseveró que el SMI «no destruye empleo, sino pobreza» y subrayó que el acuerdo con los sindicatos cumple con el mandato del Tribunal Supremo de redefinir las reglas de compensación y absorción salariales para que la subida del SMI sea efectiva.
CCOO Y UGT: EL SMI CONTINÚA SIENDO UN SALARIO DE SUBSISTENCIA
Los secretarios generales de CCOO y UGT han subrayado que, aunque la historia del SMI en España es de «éxito», el salario mínimo aún se considera un salario de «mera subsistencia», incapaz de cubrir los gastos familiares, tales como la vivienda. Álvarez expresó que aún hay distancia para cumplir con el compromiso de la Carta Social Europea, que propone un SMI de 1.444 euros.
Ejemplificando, comentó que en Francia el salario mínimo es de 1.823 euros, en Bélgica de 2.112 euros y en Alemania de 2.343 euros, todas medias que afectan a un porcentaje relativamente bajo de la población. Sordo también destacó que el incremento del 66% del SMI en los últimos años ha logrado demostrar que elevar el salario no destruye el empleo, además de ayudar a reducir la pobreza y la brecha salarial en un 20%. Sin embargo, resaltó que todavía hay que actuar sobre la contratación a tiempo parcial y el déficit de políticas de cuidados.
Ambos sindicalistas insistieron en la necesidad de reformar las reglas de absorción y compensación de los pluses salariales. Álvarez urgió al presidente Sánchez a aprobar un real decreto para modificar estas reglas, destacando que los pluses por peligrosidad deben ser pagados de manera separada a la subida del salario mínimo.
Finalmente, Sordo hizo hincapié en que, a pesar de que la economía va bien a nivel macroeconómico, «no necesariamente filtra esas mejoras al conjunto de la ciudadanía», generando una «bolsa de descontento» en los salarios medios y medios bajos que afecta a 10 y 11 millones de trabajadores.
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