Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero – El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este miércoles que recortar el mercado de la vivienda con normas restrictivas, como la que está elaborando el Gobierno de Canarias para limitar la compra de casas por extranjeros no residentes, no resultará en un aumento de la oferta inmobiliaria. Esta medida se propone como respuesta a la crisis habitacional, aunque Garamendi advierte que tales normas podrían llevar a un «fracaso» en las políticas de vivienda de los distintos gobiernos.
Durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, Garamendi enfatizó que Canarias es una región sumamente atractiva para Europa, y que restringir la compra por parte de extranjeros podría limitar la opción a quienes sí están interesados en adquirir una propiedad en el archipiélago. A pesar de que expresó que no conocía bien la normativa en cuestión, critico que «lo que haces es recortar un espacio» en el mercado inmobiliario.
Garamendi también abordó el tema de la oferta de alquiler, indicando que muchos ciudadanos evitan arrendar sus propiedades debido a las condiciones impuestas por los gobiernos, lo que genera incertidumbre y miedo entre los propietarios. Enfatizó que se encuentra vigente la llamada «ley de los okupas», lo que también contribuye a recortar la disponibilidad de inmuebles en el mercado.
Reconocimiento de políticas fallidas
El presidente de la CEOE subrayó que es fundamental que los políticos reconozcan que las políticas de vivienda no han sido adecuadas, señalando que este problema no es nuevo y se ha arrastrado a lo largo de los años en los diferentes gobiernos.
Impacto económico de los compradores extranjeros
Por último, Garamendi destacó que los extranjeros que vienen a España para comprar una casa suelen tener un «nivel adquisitivo» significativo, lo que podría crear una dinámica económica favorable para el comercio en Canarias. Aportó la cifra de 300.000 británicos que están residiendo en España, con la posibilidad de que esta cifra llegue a medio millón de manera permanente, lo cual sería un indicativo del potencial crecimiento económico que estos residentes podrían aportar al país.
En conclusión, Garamendi aboga por una apertura del mercado de vivienda «de forma ordenada», lo que, según él, podría ampliar la oferta y atender así la demanda creciente, asegurando que la llegada de personas con alto poder adquisitivo podría ser beneficiosa tanto para el sector inmobiliario como para la economía local.
