MADRID, 15 de febrero de 2025 – Sumar defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para endurecer la normativa de los préstamos rápidos en España, así como para ampliar el ámbito objetivo de los créditos regulados eliminando el límite de 200 euros actualmente vigente.
El grupo plurinacional alerta en su propuesta acerca de la proliferación de empresas que ofrecen créditos de pequeños importes, que oscilan entre 50 y 1.000 euros, en los últimos años. Estas compañías, en ocasiones, ofrecen créditos con intereses que llegan hasta un 4.000%, e incluso un 59.000 TAE. Esta situación, combinada con una falta de transparencia en la concesión de los préstamos, lleva a los prestatarios a «espirales de pagos imposibles».
Félix Alonso, el diputado de En Comú que impulsa esta iniciativa, advierte que la normativa actual en España carece de reserva de actividad para la concesión de créditos, lo que significa que estas empresas de préstamos inmediatos no son supervisadas por el Banco de España y, en algunos casos, ni siquiera se registra su existencia.
La Justicia no puede hacer mucho
Esta falta de regulación provoca que, ante posibles abusos, los clientes carezcan de opciones claras para demandar. En ocasiones, las empresas se disuelven y desaparecen, eludiendo así responsabilidades. Según algunos tribunales que citan la propuesta, no existe una normativa clara ni un parámetro objetivo para calificar un crédito como usurario, y el supervisor no aborda este tipo de productos.
En este contexto, Sumar pretende presentar en el Pleno de la Cámara medidas para regular los préstamos rápidos, eliminando su carácter abusivo y garantizando los derechos de los consumidores, en cumplimiento con la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo.
Para alcanzar esta meta, el grupo propone una serie de medidas en su proposición no de ley. Primero, instan a establecer criterios para definir qué se considera un préstamo abusivo, así como impulsar acciones que eviten costes de crédito excesivos o usurarios que han afectado a algunos consumidores.
Exigir prácticas respetuosas con el consumidor
Además, se propone crear un procedimiento de registro y supervisión para todos los prestamistas de crédito al consumo, permitiendo que solo las empresas con la solvencia adecuada y prácticas respetuosas con el consumidor puedan operar.
Otras medidas incluyen exigir modelos contractuales para estos créditos que cumplan con estándares adecuados para el consumidor, someter las empresas de créditos al consumo y de créditos rápidos al control y supervisión del Banco de España, y prohibir la publicidad que enfatice la facilidad de obtención del crédito sobre otros aspectos como su coste.
Finalmente, Sumar plantea colaborar con otras administraciones para realizar un estudio que utilice medios adecuados, incluida la Inteligencia Artificial, para detectar anuncios y posibles abusos y fraudes de estos prestamistas. En caso de ser necesario, se prevé la posibilidad de sancionar o iniciar acciones penales.
