El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes, 25 de noviembre, una proposición de ley de Sumar que reforma la Ley de Vivienda de 2023 con el fin de prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan adquirir casas en España.
El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, es quien ha impulsado esta propuesta legislativa, que tiene como objetivo «poner freno» a la especulación en el mercado de la vivienda, especialmente por parte de «socimis» y fondos buitres. Ibáñez destaca que todo el grupo plurinacional de Sumar considera «prioritario» y «urgente» establecer medidas que pongan fin a la especulación y el acaparamiento de viviendas «en unas pocas manos».
La propuesta de Sumar sostiene que el derecho de disfrute de la vivienda se predica de las personas físicas, quienes son las que realmente pueden usar y experimentar la vivencia de habitar una casa. En este sentido, el grupo parlamentario argumenta que la propiedad de los inmuebles residenciales en manos de personas jurídicas no está alineada con el derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino que responde a la concepción de la vivienda como un bien de inversión para obtener beneficios económicos.
Por lo tanto, los plurinacionales defienden una reforma de la Ley de Vivienda que evite la «especulación» en el ámbito inmobiliario y limite los derechos de transmisión de propiedad, tanto a título oneroso como gratuito, de viviendas a personas físicas. A las personas jurídicas se les reservaría el derecho a poseer aquellos inmuebles que no tengan carácter residencial, sino que estén relacionados con actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.
SUMAR DICE QUE LA PROPUESTA ES CONSTITUCIONAL
«Esta propuesta busca poner un freno a la especulación y es sencilla, con encaje constitucional y en derecho europeo», afirmó Ibáñez al presentar la iniciativa en abril de este año. Además, el diputado expresó su confianza en que la propuesta alcance la «mayoría parlamentaria» necesaria para ser admitida a trámite, a la que clasificó como «conservadora».
Aunque le gustaría «ir más allá» y discutir cuántas viviendas puede poseer una persona, el portavoz admitió que en el Parlamento «no hay consenso» sobre esta cuestión. Sin embargo, señaló que hay una mayoría «desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria» que busca detener la especulación que llevan a cabo empresas y fondos de inversión con la vivienda.
«Estoy convencido de que el PNV y Junts se sentirían cómodos diciendo adiós a los fondos buitre y, por tanto, creo que esta propuesta podría disfrutar de la necesaria mayoría parlamentaria», concluyó Alberto Ibáñez.
