MADRID, 27 de noviembre de 2025 – El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con la abstención del PSOE, admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que proponía una reforma de la Ley de Vivienda, destinada a prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión pudieran comprar casas en España.
Dicha propuesta fue respaldada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. En contrario, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra; mientras que el PNV se abstuvo, al igual que el PSOE.
Durante el debate de la iniciativa realizado el martes, Sumar defendió la propuesta argumentando que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja del 2008. El diputado que impulsó la iniciativa, Alberto Ibáñez, se ha mostrado crítico con la ministra Rodríguez, especialmente por iniciativas como la de habilitar el número de teléfono 047 para resolver dudas en materia de vivienda.
En el turno del PSOE, Gabriel Blanco afirmó que su grupo parlamentario no se opondrá a debatir cualquier medida que busque contribuir a solucionar el problema de la vivienda, pero subrayó que siempre lo harán «desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda».
Blanco también destacó el esfuerzo «inmenso» del Gobierno para poner fin a la crisis habitacional e invitó a Sumar a «respetar» el trabajo realizado y evitar desgastarlo, tal y como buscan quienes desean derrocar al Gobierno.
PNV y Junts mostraron sus dudas
En la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indicó que la propuesta presentada no supone una limitación excepcional en el tiempo y el ámbito territorial, sino que es permanente, lo que dificulta su encaje en el ordenamiento jurídico actual.
Por su parte, Marta Madrenas, de Junts, criticó que la iniciativa de Sumar «no resuelve ningún problema», afirmando que es una «restricción más» que podría reducir la oferta, poner en riesgo promociones de vivienda en curso y distorsionar aún más el mercado.
PP y Vox censuraron la propuesta
El diputado del PP, Carlos Gil, censuró la propuesta de Sumar, argumentando que «empeora aún más» la Ley de Vivienda, a la que describió como una de las «más nocivas» del Gobierno. «Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate», criticó el ‘popular’.
Finalmente, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, advirtió que la reforma propuesta por Alberto Ibáñez implicaría «el fin» del parque inmobiliario. Aseguró que las cláusulas impuestas llevarían a una reducción drástica de la inversión en ese sector. «Los resultados de la Ley de vivienda en dos años indican que la única modificación esperada debería ser su supresión», concluyó.
