El Estado deja de recaudar entre 21.000 y 51.000 millones de euros por las rentas no declaradas en el IRPF, lo que equivale aproximadamente a entre el 19% y el 47% de lo que ingresa este impuesto y a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB con datos de 2022, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La magnitud de la brecha fiscal
El informe, elaborado por Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza, cuantifica la brecha fiscal, que se entiende como la renta no declarada en el IRPF de las 15 comunidades autónomas de régimen común, en el periodo entre 2003 y 2022, calculando un coste recaudatorio bruto asociado a dicha brecha de hasta 51.000 millones de euros. Esta brecha debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que puede incluir no solo ocultaciones deliberadas de rentas sino también elusión fiscal y diferencias conceptuales entre fuentes.
El coste recaudatorio neto baja a hasta 41.000 millones
Tras descontar casi 10.000 millones de euros de IRPF recuperado en 2022 mediante acciones de control de la Agencia Tributaria, el coste recaudatorio neto se sitúa entre 11.300 y 41.300 millones de euros, que representa entre el 0,8% y el 3% del PIB. El estudio de Fedea señala que las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario no declaradas concentran la mayor parte de este coste.
La renta no declarada ha ido descendiendo
Los resultados revelan una mejora sostenida en el cumplimiento fiscal en el IRPF a lo largo de los años. En los comienzos de los años 2000, la renta declarada representaba aproximadamente el 70-75% de la renta real, y en años recientes ha alcanzado niveles cercanos al 80-85%. Sin embargo, la brecha fiscal sigue siendo elevada, con la renta no declarada ascendiendo a casi 112.000 millones de euros en 2022.
Las rentas del trabajo muestran mayores niveles de cumplimiento fiscal, cercanos o superiores al 90%, debido al sistema de retenciones en origen aplicado por las empresas. En cambio, las rentas distintas del trabajo, como las inmobiliarias y las de actividades económicas, revelan niveles de cumplimiento mucho más bajos, con una brecha fiscal que aún alcanza casi la mitad de estas rentas.
Mejora del cumplimiento fiscal en todas las comunidades autónomas
El análisis regional indica una mejora del cumplimiento fiscal en todas las comunidades autónomas y una reducción de las disparidades regionales. Las mayores mejoras se han registrado en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha. Por el contrario, los avances más moderados se observan en Asturias y Aragón.
En cuanto a las rentas del trabajo, el cumplimiento fiscal ha mejorado en todas las comunidades; sin embargo, en las rentas distintas del trabajo, la evolución es más heterogénea, con algunas regiones, como Madrid, mostrando progresos significativos, mientras que otras como Murcia o Asturias apenas consiguen mejorar.
Impacto de la brecha fiscal
Los autores del estudio advierten que esta brecha fiscal afecta la eficiencia y equidad del sistema tributario, reduciendo la recaudación y generando desigualdad entre contribuyentes. Este fenómeno puede obligar a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.
Además, en algunos países, se realizan estimaciones oficiales periódicas para evaluar el cumplimiento fiscal y orientar políticas de control, algo que en España todavía no se lleva a cabo.
Metodología utilizada
La metodología del estudio compara la renta declarada en el IRPF obtenida de microdatos fiscales de declarantes y no declarantes con la renta real de los hogares extraída de la Contabilidad Regional de España. Se han realizado ajustes a ambas fuentes de datos para asegurar su comparabilidad.
El porcentaje de renta real declarado establece el grado de cumplimiento fiscal, y la diferencia respecto al 100% constituye la brecha. El análisis se centra en categorías de renta como rentas del trabajo, actividades económicas y del capital inmobiliario.
En conclusión, el impacto recaudatorio de esta brecha fiscal subraya la necesidad urgente de abordar esta cuestión, ya que representa un volumen de recursos comparable a las principales partidas del gasto público.
